¿Matrimonio igualitario?

El panorama legal y político
Enrique Peña Nieto, presidente de México, firmó una iniciativa el 17 de mayo para favorecer la unión entre personas del mismo sexo. La iniciativa ya llegó al Congreso de la Unión y tendrá que someterse a votación. Ésta consta de dos puntos centrales: reformar el artículo 4° constitucional y modificar varias disposiciones del Código Civil Federal.
Explicar la iniciativa
El artículo 4° reconoce los derechos humanos. Ahí se señala, entre otras cosas, que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que todos tienen derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. El artículo también dicta que “[la ley] protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.



Lo que la Carta Magna no especifica es qué tipo de familia debe protegerse. En este sentido, la Constitución norma que las personas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en junio del 2015, ya emitió una jurisprudencia en la que acusa de inconstitucional cualquier ley que reduzca el matrimonio a la “unión entre un hombre y una mujer”.
Entonces, el máximo tribunal mexicano ha reconocido que las minorías sexuales tienen derecho a casarse y, por ende, a formar una familia. La iniciativa de Peña Nieto solo busca que la jurisprudencia de la SCJN se haga presente, de manera explícita, en la Constitución. Esto no generaría que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país. Al final, se trata de algo que depende de los estados y de sus códigos civiles.
En entrevista, Brahim Zamora, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), explica los recovecos legales:
La Constitución da planos generales, pero no dicta procedimientos ni leyes específicas, sino que es el marco normativo. Para lo que ayudaría la iniciativa de Peña Nieto es para que los congresos de los estados tengan que modificar también sus constituciones y asegurar que sus códigos civiles estén libres de discriminación.
El presidente tiene injerencia en el marco constitucional. Con la reforma, ya no se tendría que recurrir a los amparos porque a lo que se tendría que recurrir, en un estado que se resista a modificar su código civil, es a una acción de inconstitucionalidad”.
Peña Nieto incluye en su plan de reforma la legalización de la adopción para personas no heterosexuales. En el documento que envió al Congreso puede leerse lo siguiente:
La orientación sexual de una persona o pareja que pretende adoptar, no puede ser considerada como un elemento que se contrapone, per se, al respecto de aquél principio del interés superior de la niñez”