En la sesión extraordinaria de este miércoles, dijo que la fiscalización electoral es ahora expedita y se trata quizás de la atribución más emblemática de la estandarización de las elecciones, ya que nunca antes las precampañas y las campañas se habían revisado con los mismos parámetros.
Por ello, insistió en que la fiscalización no busca convertir al INE en una autoridad persecutoria sino simple y sencillamente cumplir el mandato constitucional intrínseco en la reforma electoral para robustecer y sancionar con severidad todas las irregularidades que se cometen en la materia.
Señaló que se trata de que el rigor de la fiscalización y la estandarización de los parámetros contables consoliden, por un lado, elfuncionamiento administrativo de los partidos y candidatos, y por el otro, que el dinero no sea un factor que distorsione el piso mínimo de equidad de los comicios.
Informó que se conoció de dos mil 287 informes que corresponden a ocho entidades federativas, que incluyen la negativa de registro a más de 400 precandidatos y aspirantes para ser candidatos de partidos o independientes.
Indicó que este volumen habla de las dimensiones del incumplimiento por parte de los precandidatos y aspirantes de partidos políticos respecto de las nuevas normas electorales en materia de fiscalización.
Resaltó que las irregularidades acumulan montos importantes por un total de 17.6 millones de pesos que sea aplicarán en caso de que los dictámenes señalados se aprueban como los presentó la Comisión de Fiscalización.
Se dijo convencido de que se trata de un proyecto de adaptación de los propios institutos políticos, de los candidatos y aspirantes a las reglas que son mucho más severas y estrictas, pero que “son las reglas del juego político, de la pluralidad pactada y concretada en la legislación”.
Aclaró que ni el volumen de las sanciones ni el tipo son un atentado contra el pluralismo, sino una características del nuevo juego democrático que la autoridad electoral aplicará “a pie juntillas”.
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