Saldos y consecuencias de la crisis de Iguala

Iguala.- Hasta este momento de la crisis desatada por el caso Iguala, el saldo es negativo para todos (víctimas, sociedad, partidos, gobiernos, país) y de tal magnitud, que la única manera de salir de ella es atenderlo de manera urgente y prioritaria. Las víctimas y sus familias en primer lugar. ¿Cómo compensarlas? Hacer justicia es lo mínimo, aunque todos sabemos que es insuficiente. Su dolor permanecerá. Por eso, la primera y más importante tarea del Estado es hacer justicia. No debe ni puede caber ninguna otra consideración.

El saldo para el resto de la sociedad es la confirmación de que vivimos en un estado de indefensión y vulnerabilidad cotidiana y sistemática ante un crimen organizado salvaje, que se sabe impune porque tienen controladas y a su servicio a muchas autoridades. Esa realidad es sentida de manera más dramática por quienes viven en regiones y municipios donde el poderío de las organizaciones criminales se multiplica por la captura y transformación de las instituciones de seguridad y justicia en parte de la maquinaria delictiva. ¿Qué hacer cuando quien tiene por obligación defender y proteger a los ciudadanos es quien los ataca, los secuestra y los asesina?

Con toda razón y justicia la sociedad se ha movilizado para demandar no solo justicia para las víctimas, sino el fin de la impunidad y de la abominable omisión, complicidad y/o colusión del mundo político (así de general, es decir de autoridades electas, partidos políticos, gobiernos, poderes legislativo y judicial) con el mundo criminal. El reclamo también se ha expresado como fin de la corrupción y aunque no son la misma cosa, están muy relacionadas: todas refieren a la debilidad del estado de derecho en México.

Así pues, si no hay justicia para los estudiantes asesinados y desaparecidos y el estado de derecho no se convierte en prioridad del Estado (no solo del gobierno federal), la crisis se desbordará en lo inmediato. Y en caso de no ser atendida y las autoridades apuestan a la desactivación de la protesta por el paso del tiempo, se corre el riesgo de una primavera mexicana y de sumar un nuevo agravio que ahondará al abismo entre sociedad y política.

Por tanto, el reto de Enrique Peña Nieto consiste, en primer lugar, en hacer una lectura correcta tanto de la naturaleza de la crisis, como del amplio y profundo reclamo social (la lectura inicial fue equivocada y, por tanto, la actuación gubernamental ha dejado mucho que desear) lo cual debe conducir, en segundo lugar, a una redefinición profunda de la agenda de gobierno. Instrumentar las reformas estructurales en materia económica y política recién aprobadas no puede ser ya la única prioridad del gobierno y del país.

Fortalecer el estado de derecho con todo lo que implica —revisar el federalismo en materia de seguridad, rehacer las policías de los tres órdenes de gobierno; reinventar los ministerios públicos, mejorar y hacer más eficaz al poder judicial y renovar al sistema penitenciario— debe volverse la otra prioridad. Por eso el reto de Peña Nieto es como jefe del Estado mexicano y no solo de gobierno, pues si quiere hacer bien las cosas tendrá que convocar a todo el Estado, pues la magnitud de la tarea rebasa por mucho al gobierno federal. Y para poder hacerlo tiene que elaborar una propuesta con una estrategia en materia de seguridad y justicia de mediano y largo plazo mucho más amplia y elaborada que la presentada hasta la fecha. A respaldar y aplicar esa estrategia debe convocar a los tres órdenes de gobierno, a los tres poderes de la Unión, a los partidos y a la sociedad.

Y es que un tercer saldo de la crisis es que la estrategia que ha guiado hasta ahora las acciones del gobierno en la materia mostró claramente sus debilidades: no basta la coordinación, faltan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas; bajar el perfil del problema en los medios no debe significar minimizarlo, ni restarle prioridad política; subsanar la ausencia de propuestas para el fortalecimiento de policías municipales y ministeriales; incluir el blindaje de procesos electorales y la protección de derechos humanos. Una vez que se tenga definida la sustancia de la estrategia, convocar a un pacto nacional, o incluso como otros han sugerido, o a un gobierno de unidad que lo ponga en práctica.