Directorio

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lunes, 5 de noviembre de 2012

TEMA LIBRE

Por I. León Montesinos

El presidente de la Legislatura mexiquense
llama a una consulta pública sobre una
reforma al código penal Edomex.
Edomex, reformas legales vs delincuentes: Octavio Martínez

IMSS y la Seguridad Social Universal

Las acciones conjuntas de Mancera y Eruviel


Vía internet, el presidente electo, Enrique Peña Nieto, acaba de señalar que la puesta en marcha del Sistema de Seguridad Social Universal en su gobierno, no representará de ninguna manera, la desaparición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entidad que de acuerdo a las normas legales establecidas en materia laboral, otorga servicios médicos a los trabajadores contemplados en el apartado “A”, una parte de cuyos recursos son aportados por los patrones y el resto por el Gobierno Federal.

Los mexicanos fuimos testigos de la pésima instrumentación de programas como el Seguro Popular arrancado en las postrimerías del sexenio foxista y su supuesta cobertura total que se alcanzaría con el gobierno de Felipe Calderón. Ambos plantearon en el catálogo de buenos deseos de la dimensión desconocida, que ningún mexicano carecería de medicamentos y atención médica.

Claro que el Seguro Popular se sumó a las mil y un ficciones de los gobiernos panistas cuyas administraciones terminaron además por darle la puntilla al sistema de seguridad social de millones de trabajadores tanto del apartado “A” como del apartado “B” –los burócratas--, con la aplicación de erráticas políticas públicas tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

Peña Nieto anunció que pondrá en
marcha un Sistema de Seguridad
Social Universal.
A estas alturas debemos suponer que el equipo de transición del próximo presidente ya debe tener un diagnóstico del estado que guarda la seguridad social en el país; y por ende, estarán conscientes del estado del inanición y quiebra absoluta que guardan éstas instituciones, tanto en sus finanzas, funciones operativas, como en sus sistemas de jubilaciones y pensiones.

En 1997, y siguiendo como dócil can faldero con los dictados impuestos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Ernesto Zedillo decidió echar a andar las Reformas al IMSS con las que, demagógicamente, señaló, se sanearían sus finanzas y se mejoraría el servicio. El tecnócrata de medio pelo, que llegó a la presidencia montado en la sangre y la memoria de Luis Donaldo Colosio, pasó por alto en su cerebro de nuez, que la estrategia del FMI ha sido y será, la de aniquilar la seguridad social, no de fortalecerla.

La “brillante” propuesta de Zedillo disminuyó la obligación patronal en un 30% en cuanto a su aportación a las cuotas del IMSS, pues el desvariado presidente argumentó que era con la intención de que los empresarios “contribuyeran a incentivar el empleo”. Esto último nunca se logró pero los hombres del dinero se ahorraron miles de millones de pesos creando un boquete financiero al IMSS del cual hasta la fecha no se ha podido recuperar en detrimento del servicio que se presta a millones de derechohabientes.

Con la llegada del presidente de la alternancia, el mandilón de Martha Sahagún de nombre Vicente Fox, las cosas se pusieron peor ya que lejos de revertir la reforma de Zedillo se procedió a iniciar la privatización de áreas vitales para la atención de los trabajadores. Una de ellas, las guarderías, cuya área de trabajo fue prácticamente desmantelada para ser entregada en concesión a particulares. Se adujo que con ello la institución se ahorraría muchos recursos, pero no fue así, y el caldo resultó más caro que las albóndigas.

Una de las peores consecuencias de este irresponsable desmantelamiento del IMSS, fue por desgracia, la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron más de 60 niños y 70 más resultaron con lamentables secuelas por las graves quemaduras . En el redituable negocio de las guarderías y sus respectivas concesiones en Sonora, aparecieron lo mismo nombres de familiares de la primera dama, Margarita Zavala, que del ex gobernador de aquella entidad, Eduardo Bours.

La realidad terminó por abofetear con toda su crudeza a los negocios ilícitos solapados a raíz de la privatización del IMSS; en el 2007, con la complicidad de sectores del sindicalismo burocrático como la FEDESSP, controlada por la maestra Elba Esther Gordillo, y la propia FSTSE, del entreguista Joel Ayala, se aprobaron también las reformas a la Ley del ISSSTE, con el supuesto fin de aligerar la carga financiera al organismo en su sistema de pensiones.

El hecho es que en doce años de panismo, tanto el ISSSTE, como el IMSS y la propia Secretaría de Salud, se fueron a pique por la falta de recursos y políticas adecuadas, no sólo en el crecimiento y mejoramiento de su infraestructura, sino en la prestación del servicio a millones de mexicanos. No por algo los yuppies del Verde Ecologista encontraron una inagotable veta política electoral en el asunto de la falta de medicamentos en todas las institución de salud, e hicieron suyo aquel slogan más tarde, adherido a la campaña de Enrique Peña Nieto en la alianza PRI-PVEM, de que: “Si el gobierno no te da las medicinas, que te las pague”.

Hablar de una cobertura universal de salud es remitirse a una política integral de Estado que eche atrás los dictados neoliberales en este sentido; no puede aceptarse, bajo ningún sentido, que dictados de organismos internacionales intervengan en la confección de políticas públicas que tienen que ver con la salud de millones de habitantes, sobre todo de trabajadores o de personas de escasos o nulos recursos.

Los gobiernos panistas se guardaron bien de difundir encuestas sobre la calidad de sus servicios de salud. Son miles y miles las quejas que semanalmente se acumulan en todas las instituciones enumeradas. No miento al decir que buena parte del desastroso servicio es por falta de recursos y una adecuada planeación de los insensibles y torpes funcionarios que colocaron los presidentes panistas al frente de dichas dependencias. Resulta un verdadero crimen y un consumado cinismo que Calderón y sus funcionarios, como en su momento lo hiciera Fox, hablen de los logros de sus gobiernos en materia de salud, cuando, por ejemplo, los derechohabientes del IMSS y del ISSSTE, tienen que hacer colas de horas y horas para ser atendidos por su médico familiar.

Y ni que decir de los medicamentos que siempre se les recetan: paracetamol, algún antibiótico cercano a la penicilina, o naproxeno para mitigar el dolor. Hasta ahí, y en el callejón de las sin salidas, llegar con su receta al área de farmacia para encontrarse con la escena del “no hay”, que usó en sus comerciales de campaña el Partido Verde. El vía crucis se torna más peligroso si el médico familiar estima que el caso amerita canalizarse a alguna especialidad: la cita se programa en dos, tres, cuatro y hasta cinco meses. Y nos preguntamos: ¿qué pasa con aquellas mujeres que inician una etapa de cáncer? ¿no es acaso un homicidio calificado el permitir que su mal avance por tantos meses sin recibir la atención urgente que requiere su organismo?

Miles y miles de pacientes han muerto antes de llegar al quirófano, y otros más han fallecido al llegar moribundos al área de urgencias. Todo por la falta de personal, de más instalaciones y de recursos. Este columnista no culpa de tan denigrante situación a los médicos ni a las enfermeras que mucho hacen por atender la sobredemanda de pacientes. No, el problema está en los políticos que han perdido la brújula de lo que representa la seguridad social en nuestro país.

Por eso, el llamado Seguro Popular ha resultado una broma macabra para aquellos mexicanos que carecen de la prestación del IMSS o del ISSSTE. Acudir a los hospitales del sector salud, resulta jugarse la vida, encomendarse a Dios, porque las cosas ahí están peores y no menudean los casos en que los familiares de los pacientes deben comprar incluso no sólo los medicamentos sino hasta las gasas y las agujas para los enfermos.

Insisto: miles de muertes podrían haberse evitado si desde las instancias superiores, los políticos hubieran puesto orden a la grave problemática del sector. Ojalá que en el proyecto de Seguridad Social Universal, planteado por el presidente electo, Peña Nieto, se tenga la conciencia plena y humanitaria, de que lo que está en juego es la vida de la gente, de millones de mexicanos que esperan del nuevo gobierno un cambio verdadero, tomando como base la realidad social del país y no los dictados del Fondo Monetario Internacional (FMI).

COMENTARIOS A LAS REFORMAS CONTRA DELINCUENTES.- El razonamiento del presidente de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, Octavio Martínez Vargas, sobre la posibilidad de estudiar probables cambios a las leyes locales para aumentar las penas a los malhechores, sin descartar bajar la minoría de edad para los infractores, no debe ser pasado por alto.

Si realmente se pretende que la desatada ola delincuencial aminore, tendrá que estudiarse de manera seria y profunda, cambios a las penas corporales pues es innegable que cada vez son más los transgresores que amparándose en la minoría de edad, se suman a las bandas del crimen organizados o son reclutados por los mismos a sabiendas de que en caso de ser detenidos tendrán un castigo menor.

También es urgente poner en la mesa de las discusiones legislativas la posibilidad de elevar las penas a los secuestradores y extorsionadores pues son estas modalidades donde los hampones han encontrado un negocio más redituable que el tráfico y la venta de drogas. Es el momento de empezar a integrar foros de análisis y consulta con todos los sectores sociales para que a través del Congreso Local, se operen los cambios en las leyes en la materia que no permitan que los delincuentes se burlen de la justicia por las lagunas jurídicas existentes.

COMENTARIOS A LA COORDINACIÓN DE MANCERA Y ERUVIEL.- Insalvable también la coordinación institucional que deberá darse entre el gobernador Eruviel Ávila y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, una vez que éste último tome posesión. Los problemas por las zonas limítrofes entre ambas entidades son comunes y es sabido que los delincuentes de uno y otro lado se brincan de las delegaciones a los municipios conurbados, o viceversa, tratando de evitar a la justicia o alegando inmunidad por la falta de jurisdicción de los órganos policiales. La firma de acuerdos que logren coordinar esfuerzos ayudará en buena medida a que la lucha contra los delincuentes rinda mejores resultados. Tenemos la certeza de que ambos mandatarios cuentan con la madurez y capacidad suficientes para que ésta y otras acciones y políticas de gobierno, se concreten.

Agradecemos sus comentarios y sugerencias a nuestro correo electrónico: garrasleo6@yahoo.com.mx

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