El informe, señala que de los 92 mil 48 homicidios dolosos, solo en 73 mil 460 casos se tiene la información suficiente para haber iniciado una investigación o averiguación previa, de estas 62 mil 373 fueron integradas por alguna de las procuradurías de justicia de los estados o el Distrito Federal es decir se encuentran en el orden de los delitos llamados del fuero común, y solo 207 casos fueron atraídos por la Procuraduría General de la República porque encontraron algún elemento o prueba para considerarlo un delito de los llamados del fuero federal.
De acuerdo con cifras de las mismas autoridades federales como el Sistema Nacional de Seguridad Publica el 80 % de los homicidios dolosos son resultado de enfrentamientos entre bandas de narcotraficantes y la lucha con personal de la Marina, Ejercito Mexicano y la Policía Federal, además en el 90% de los casos de ejecuciones entre bandas rivales se usaron armas de grueso calibre, de acuerdo con penalistas consultados estos homicidios tienen elementos probables de que se cometió un delito del orden federal y por lo tanto la Procuraduría General de la República tiene la facultad y obligación de investigarlos.
Estas pruebas son como el uso de un arma de alto calibre de uso exclusivo del ejército, explosivos o vínculos con bandas del narcotráfico.
Pero existen 18 mil 588 casos -según los datos presentados por la PGR-, en donde no se tiene la información suficiente para haber iniciado una investigación incluso la poca información recabada en algunos casos está perdida, es decir las propias autoridades desconocen que sucedió con esas pruebas e inicio de las indagatorias.
Pero además de los homicidios dolosos en donde si se inicio una averiguación previa las cifras oficiales son alarmantes, de los 62 mil 373 casos relacionados con el fuero común solo 22 mil 187 fueron consignadas es decir llegaron para su investigación hasta un juez, pero solo 7 mil 202 siguen bajo proceso y de estos caso solo se han logrado 763 sentencias de las cuales solo se logro una sentencia condenatoria en 677 casos y las otras 86 fueron absolutorias es decir el acusado fue liberado.
Las cifras pobres que caen en lo extraordinario es porque según la propia procuradora general de la república solo han investigados esos casos porque en los miles restantes no encontraron indicios o pruebas de que tengan que ver con algún delito federal y por lo tanto no son su competencia.
La falta de castigo a quien comete un delito provoca impunidad y sobre todo que los crímenes vayan en aumento el ejemplo más claro es el homicidio doloso, consideraron especialistas en la materia además de penalistas y juristas consultados.
De esta manera, la administración que está por terminar en la Procuraduría General de la República será recordada como la peor en toda su historia, por lo menos en materia de investigación de homicidios dolosos relacionados con la delincuencia organizada, en seis años solo han logrado dos sentencias condenatorias.
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