JONATHAN RUIZ
¿Le rompieron la calavera del carro? Si usted vive en Oaxaca es muy posible que no pueda reponerla.
Los maestros de la CNTE impiden que pasen camiones, incluidos los que llevan refacciones. Imagine por un momento que pronto a esa tarea de bloqueos puedan sumarse los miembros del sindicato petrolero. Van los detalles.
El término que acuñan ahora preocupados dueños de empresas industriales de todo el país por la falta de orden es “certidumbre operativa”, precisamente porque carecen de ella. Viene al caso porque el gobierno mexicano no puede darla.
No puede resolver de manera legal y transparente el bloqueo al funcionamiento de la economía del país orquestado por maestros, por una parte de ellos. A Monterrey no llegan suministros que esperan de los puertos Manzanillo, Lázaro Cárdenas… a la Ciudad de México algo más grave, medicinas.
Ahora podría venir la hueste de Carlos Romero Deschamps por un motivo que no tiene que ver con el educativo.
Vela armas por un asunto relacionado con su automóvil y que resolverá la Suprema Corte de Justicia de la Nación posiblemente esta semana.
Usted conoce esas pipas de Pemex ¿deben ser esos camiones bajo el control del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana los únicos que surtan la gasolinera que está en la esquina de su casa?
La Comisión Federal de Competencia decidió hace tres años que no.
Por eso incluso multó a Pemex por más de 600 millones de pesos a partir de la queja de un par de dueños de gasolineras que se sintieron afectados. Ante el nuevo escenario energético deberían ser libres de escoger el transporte más barato y eficiente.
Ese castigo a Pemex inició una guerra que pronto llegará a su clímax. La empresa busca la eliminación de esa multa y que declaren inconstitucional el Artículo 36 de la Ley Federal de Competencia.
Intente usted recordar el nombre del ministro Alberto Pérez Dayán, quien podría influir de manera definitiva en unos días en las tareas más apremiantes de la oficina de Bucareli en donde despacha el secretarioMiguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación.
Pérez Dayán, abogado por La Salle y la UP, es responsable del proyecto de sentencia a discutirse en donde topan todos los mayores asuntos legales del país: en la Suprema Corte.
Algo deben saber ya de ese documento los muchachos de Romero Deschamps, pues empiezan a poner nerviosos a los dueños de gasolineras del país, quienes me advierten del problema.
Ya son azuzados con la posibilidad de que 9 mil “piperos” dejen de surtir las bombas si la resolución no les favorece. Abogados me advierten que la lógica estaría en darle palo a Pemex y a su sindicato.
No se trata de conductores de camiones comunes. Se trata de miembros del sindicato de la empresa más grande del país, que luchan por lo que les queda del negocio. Que por cierto, no es poco. Cada litro de gasolina paga una cuota de transporte, misma que generalmente va a dar a miembros del sindicato.
Si la Corte decide que otros pueden transportar gasolina hasta las gasolineras, incluidos los mismos dueños de esas estaciones, los ingresos de esos trabajadores caerán.
Pero en opinión de los petroleros sindicalizados eso no sucederá. No sin pelear.
Podrían parar sus 9 mil pipas y detener el suministro de gasolina y diésel en México. Ante esa circunstancia, sólo una requisa puede ofrecer una solución, pero implica quizá meter al ejército a cumplir con tareas de emergencia.
Cada camión podría ser un riesgo de fricción entre trabajadores y soldados, guerreros.
Y eso ocurriría cuando ya el Gobierno ha perdido el control del libre flujo de tránsito en el sur del país.
Pasaría cuando los empresarios pierden aceleradamente la confianza en la capacidad del poder Ejecutivo Federal de hacer su trabajo. Y no se trata sólo de empresarios nacionales.
Recuerde la cantidad de empresas automotrices internacionales que se instalaron en México bajo la creencia de que tendrían “certidumbre operativa” y hoy sus ejecutivos mexicanos no hallan cómo explicar a sus corporativos que en México la policía no puede quitar a quienes bloquean una carretera.
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