• El gobernador mexiquense participó en la XL reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto.
Ciudad de México, México, 30 de agosto de 2016.- Durante su participación en la XL reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, que encabezó el presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Eruviel Ávila Villegas presentó cuatro propuestas para responder a las demandas de la sociedad relacionadas con mayores condiciones de seguridad, como son estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de videovigilancia para la seguridad en el país; la aprobación de una nueva metodología para evaluar bases de datos, criminalísticas y de personal de seguridad pública, ya que consideró que así se mejorarán las tareas en esta materia.
Asimismo, planteó revisar y adecuar el informe policial homologado por parte del secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, en coordinación con la Procuraduría General de la República y la oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, y que las entidades del país elaboren programas para fortalecer las áreas de análisis y estadística de las instancias de procuración de justicia y seguridad, bajo la evaluación de los integrantes de este sistema.
“Es necesario contar con programas de trabajo que establezcan acciones, plazos y metas específicas para poderlos ejecutar en los próximos meses y en los próximos años”, expuso el gobernador.
En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, ante el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 26 gobernadores, el jefe de gobierno de la Ciudad de México y titulares de las instituciones de seguridad nacional y de las fuerzas armadas del país, Eruviel Ávila aseguró que al estandarizar las características técnicas y de interoperabilidad de los sistemas de video vigilancia, se establecen las bases de interconexión entre municipios, estados e instancias de seguridad federales, a la par de contemplar las condiciones de interconexión de sistemas de videovigilancia privados a los públicos, para optimizar tiempos de respuesta, igualando también los servicios de llamadas telefónicas de emergencia.
Con relación a la nueva metodología para la evaluación de datos criminalísticos y de personal de seguridad pública, indicó que al contar con este diagnóstico se puede mejorar la calidad de la información bajo criterios claros y transparentes, además que esta metodología se enriqueció con aportaciones de los estados del país, a través de las instituciones de seguridad pública, procuración de justicia, así como de los C4 y C5 de los sistemas estatales de seguridad, permitiendo la conformación de un registro nacional de personal de seguridad, otro de información penitenciaria y uno más de armamento y equipo.
El mandatario estatal también propuso crear programas de trabajo en el ámbito estatal para el fortalecimiento de las áreas de análisis y estadística de las instancias de procuración de justicia y seguridad, por lo que señaló que el secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad elaboró un diagnóstico por cada entidad, que contiene hallazgos en materia de visión y coordinación institucional, marco normativo, procesos, seguridad en sistemas, recursos humanos, infraestructura y recursos materiales, que mostró que uno de los retos es fortalecer las áreas de análisis y estadística de las instituciones de procuración de justicia y de seguridad.
Los integrantes de este consejo de seguridad aprobaron las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo mexiquense, así como otras surgidas por representantes de la sociedad y otros gobernadores, con la finalidad de brindar estrategias más eficaces en el combate a la delincuencia.
En tanto, el presidente Enrique Peña dijo que para continuar mejorando la capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad es necesario aprovechar los avances en la implementación del número de emergencias 911, reforzar las acciones de prevención de la violencia, así como las medidas para hacer frente al repunte actual de homicidios dolosos, concretar la reforma constitucional en materia de seguridad pública y superar los retos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal en el país.
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