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jueves, 3 de diciembre de 2015

Aguinaldos ofensivos de los alcaldes


Salvador Camarena



Se llama Alfredo Martínez, es alcalde de Tlalnepantla, y su aguinaldo este año será de 435 mil pesos. O poco más de 26 mil 200 dólares al tipo de cambio de ayer. En otros términos, ese edil recibirá como bono navideño el equivalente a seis mil 205 días de salario mínimo.

El caso del alcalde Martínez no es excepcional. O al menos no lo es en el Estado de México. Santa le traerá al de Huixquilucan 295 mil pesos, a la de Naucalpan 235 mil y al de Cuautitlán un monto más pinchón: sólo 153 mil pesos. Todas las cifras fueron tomadas de Reforma, que publicó una nota al respecto el 22 de noviembre pasado.

Por cierto, de acuerdo con ese diario, Alfredo Martínez se vio muy vivillo, pues recibirá incluso más que los 425 mil que amanecerán en el árbol de Los Pinos para el presidente Enrique Peña Nieto.

Un elemento problemático de estos bonos es que no son novedosos o inéditos. Van ejemplos:

“El exalcalde de Atizapán, Régulo Pastor Fernández, cobró 4 millones de pesos durante los 15 meses que estuvo al frente de la presidencia municipal”… Reforma 19/02/2004.

“Cada cuatro meses los miembros del cabildo de Tlalnepantla reciben gratificaciones adicionales a su salario que, en conjunto, ascienden a $4 millones”… ídem 17/10/2010.

“El secretario del ayuntamiento de Tlalnepantla, los 3 síndicos y 16 regidores se autorizaron un bono de 16.4 mdp, equivalente a 7 meses de su sueldo”. Ibídem 21/07/2013.

Entonces: queda claro que los ayuntamientos, como ocurre con otras dependencias y niveles de gobierno, son vistos como una megapiñata a la hay que dejar sin fruta ni colación.

Y queda claro que la exhibición de esos abusos –el que hayan sido publicados/denunciados en la prensa– no ha servido de bendita la cosa.

Si las denuncias mediáticas sobre estos injustificados bonos, que son al mismo tiempo un absurdo y un abuso, no han logrado erradicarlos, es porque el papel de la prensa tiene un límite. Porque el exhibir esos abusos sólo sirve cuando a partir de la publicación de los mismos se echan a andar otras dinámicas de contención/corrección.

El informe "La Corrupción en México: Transamos y no avanzamos", publicado hace dos semanas por el Instituto Mexicano de la Competitividad, lo expone claramente en el capítulo Pesos sin Contrapesos: corrupción y gobiernos locales en América del Norte.

En ese apartado, el investigador Pablo Montes reseña que tras revisar un total de 72 escándalos de corrupción por parte de gobernantes, donde 41 gobernadores fueron señalados, sólo hubo investigación en 16 de esos casos. Es decir, 56 escándalos acabaron en humo. “Un análisis similar de escándalos de corrupción de gobernadores en Estados Unidos refleja una realidad totalmente distinta. Para los nueve gobernadores implicados en escándalos de corrupción en el mismo periodo hubo una investigación y las nueve investigaciones resultaron en sentencia”. (página 83)

Me hago cargo de que comparé escándalos por sueldos y/o bonos abusivos con presuntos actos de corrupción a nivel gobernador. Me parece que ambas conductas provienen de la misma matriz, de un ambiente donde al saberse impunes, algunos ratones, perdón, algunos ediles aprendieron que el periodicazo no les hará daño alguno.

Con frágiles instituciones, dice también el informe del Imco, “los municipios en México propician el ambiente adecuado para la corrupción” (página 71).

Más que fragilidad institucional a nivel ayuntamiento, la corrupción y los abusos no serían tan comunes si fiscalías y congresos, por un lado, y ciudadanía por otro, mantuvieran a raya la proclividad de estos ediles a creer que su puesto es una piñata para ellos solitos.

Twitter: @SalCamarena

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