Los legisladores locales hicieron varios ajustes a la propuesta enviada por el Ejecutivo y blindaron la reforma para evitar que alguien busque modificar su nombre con el fin de evadir la justicia, o hacer un cambio de identidad ilegal; por lo cual agregaron la obligación de conocer los antecedentes de quienes deseen hacer algún cambio en su nombre.
La persona deberá hacer una solicitud en el Registro Civil, argumentando por qué busca el cambio y el comité definirá si es procedente en máximo 30 días hábiles.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Raymundo Martínez y el secretario de ese órgano, Javier Salinas Narváez, destacaron que la reforma es positiva porque permitirá cambios rápidos y baratos, pero sólo del sustantivo, por lo cual no se podrá modificar de esa forma ni los apellidos, ni la fecha de nacimiento.
Raymundo Martínez, del PRI, dijo que de acuerdo con algunos cálculos, un juicio de cambio de nombre costaría al menos 10 mil pesos, dependiendo la conflictividad, pero ahora se podrá realizar por la vía administrativa y refirió que anteriormente ese trámite llevaba de 45 días a más de 6 meses, pero ahora no podrá superar los 30 días y decidieron no pedir la carta de no antecedentes para no agregar otro trámite, aunque sí se verificará que se trate de la misma persona.
"En el expediente tiene que constar que se trata de la historia de vida de la misma persona que cambió de nombre", explicó al tiempo de señalar que el cambio puede derivar de la mofa y burla hacia niños y adultos por sus nombres; de que son muy largos y no los usan o les da pena y porque hay quienes por costumbre cambiaron su nombre a uno diferente a aquél con el que fueron registrados.
Para evitar el costo de la carta de no antecedentes decidieron incluir en el comité de evaluación la participación de personal de la procuraduría para que puedan verificar los antecedentes de cada persona para evitar casos de robo de identidad, aunque el diputado local aclaró que si alguien hace un cambio no lo exime de una posible responsabilidad si le da mal uso a su nuevo nombre.
Por su lado, Javier Salinas destacó que entre los cambios planteados por el PRD están: que no sólo se podrán hacer modificaciones, sino también ampliar o reducir nombres porque hay personas que tienen hasta 9 o 10 y se pueden quedar con uno o dos; además de incluir a gente de la procuraduría al comité que evaluará si la petición de cambio de nombre es viable.
"Se consideró que en el comité habrá un representante de la Procuraduría de Justicia, pero además habrá otro representante del área judicial para que estén atentos, pero se tendrá el cuidado en el comité de que eso no suceda, había preocupación del PAN que es lógico y se enriqueció.
"Antes llevabas un juicio y llevaba más tiempo y se pagaba por parte de los interesados a un abogado y ahora no, ahora es administrativo, sólo va a tardar un mes y creo que sí ayuda mucho a los ciudadanos para que no eroguen esa cantidad que según datos proporcionados, antes el juicio podía costar unos 10 mil pesos, ahora sólo pagarán derechos básicos en el Registro Civil", explicó.
Los ajustes fueron al artículo 3.38 bis y mientras José Antonio López, del PRD, destacó que ayudará a generar procedimientos; Víctor Hugo Gálvez, del PAN, resaltó que con el plazo máximo de 30 días, será más rápido y dará certeza a los mexiquenses, pues un consejo será el responsable de determinar el cambio o no del nombre propio de un ciudadano.
Francisco Vázquez, de Morena, advirtió la necesidad de combatir el bullying, que la reforma no sea política, sino reconocer que ayuda a la ciudadanía y pidió darla a conocer para que la gente sepa que no se hará a cambio de prebendas como televisiones.
Cambian nombre a comisión de Grupos Vulnerables
Los diputados también aprobaron cambiar el nombre a la comisión que anteriormente se denominaba para atención de personas con discapacidad, a "Para la Atención de Grupos Vulnerables" y los legisladores aseguraron que con ella buscan evitar las etiquetas y la discriminación.(a)
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