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martes, 6 de octubre de 2015

Militares no serán interrogados por expertos de la CIDH: Cienfuegos

El titular de la Sedena dijo que el convenio entre México y la CIDH y en particular con el grupo de expertos, no señala que puedan interrogar a los militares pues 'las leyes no lo permiten'; agregó que no permitirá que a los soldados los traten como criminales.

CIUDAD DE MÉXICO. El secretario de la Defensa de México, Salvador Cienfuegos, dijo que no permitirá que militares sean interrogados por expertos de la CIDH por el caso de los estudiantes presuntamente masacrados en 2014 y volvió a negar que los efectivos hubiesen tenido conocimiento del hecho que sacudió al país.

Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó en septiembre un informe que demostró que los militares tuvieron conocimiento de los ataques a los estudiantes en Iguala, y derribó la versión oficial de que los jóvenes habrían sido quemados en un basurero.

Cienfuegos dijo que más de 50 soldados han declarado ante la Procuraduría General de la República aun cuando, aseguró, las investigaciones demostraron que no tuvieron información cuando los estudiantes eran atacados por policías coludidos con grupos criminales.


"El convenio que hace el Gobierno de la República con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular con el grupo de expertos, en ningún momento dice que los puedan interrogar, no es posible, las leyes no lo permiten", dijo en una entrevista televisada.

De acuerdo a investigaciones de los expertos, contenidas en un extenso informe, los soldados supieron de las agresiones pues mientras ocurrían tomaron el control del centro de información denominado C4, en el que intervienen todas las fuerzas de seguridad tanto locales como federales.

"Yo no puedo permitir que a los soldados los traten como criminales o los quieran interrogar para posteriormente hacer sentir que tienen algo que ver", agregó el general.

Los expertos de la CIDH han dicho que han querido interrogar desde marzo a los militares, pero el gobierno sólo les ofreció entregar preguntas escritas para que fueran formuladas por un agente de la fiscalía federal.

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