Rescato algunos enfoques que se han manejado en la prensa estos días sobre las causas que genera la violencia y las que hacen que el horror que debería provocar, se vaya aceptando socialmente con creciente indiferencia, como algo cotidiano. Tal indiferencia quedó alterada esta semana por la crueldad y barbarie inauditas con que fueron linchados dos jóvenes en Ajalpan, Puebla. De nada sirvió que los hermanos Rey David y José Ángel Copado Molina demostraran ante la autoridad que eran encuestadores y que la supuesta víctima del secuestro que se les endilgaba negara que la hubieran hostigado; la turba no quiso creer en nada que frenara la excitación de su barbarie.
Ninguno de los enfoques que se manejan es contundente en la explicación de las maneras y los motivos por los que se desata la violencia colectiva, pero ninguno es del todo desechable; todos tienen una visión parcial y en alguna medida acertada del segmento que contemplan y del tipo de violencia que tratan de explicar.
La argumentación más socorrida en artículos de opinión tras lo ocurrido en Ajalpan, ha sido la ausencia del Estado, no porque no se hubiera hecho presente la policía municipal, sino por la falta de respeto social a las autoridades debida a la desconfianza en la policía y demás instituciones, desgastadas como están por la corrupción que hace que en vez de sancionar, refuercen y premien la comisión de delitos.
Miles de poblaciones como la Ajalpan son a su vez víctimas de otro tipo de violencia, que es la delincuencial la cual, según este segundo enfoque, ya traspasa culturalmente el espacio de las organizaciones criminales y penetra instituciones públicas, privadas, familias y territorios habitados por poblaciones que buscan la manera de sobrevivir y de ser posible, de obtener beneficios.
Esa perspectiva se refiere sobre todo a los jóvenes de entre 15 y 35 años, rango de edad de quienes cometen más del 90 por ciento de los delitos con violencia en México. Se argumenta que esos miles de mexicanos que delinquen, son violentos porque así entienden la vida y la muerte a falta de horizontes educativos y laborales. Están dispuestos a “jugarse” la vida sin esperar ganar mucho, excepto tener el valor de levantarse del frustrante despojo de expectativas. Hay algo de justiciero y sentido heroico en sus motivaciones.
Una tercera hipótesis tiene que ver con el entorno social, con la desigualdad extrema en que vivimos debida al fracaso del Estado en una de sus funciones básicas; además de la seguridad pública, de propiciar las inversiones y el crecimiento económico, el Estado moderno tiene obligación de procurar una distribución equitativa de la riqueza que se produce, y para ello no hay más que dos mecanismos: el empleo con remuneraciones adecuadas y las medidas fiscales compensatorias.
La pobreza en sí misma no genera violencia social ni delincuencia endémica, pero si las provocan los contrastes de desigualdad que hacen evidente que quien tiene dinero consigue lo que quiera. Quien no lo tiene ni tampoco la manera de conseguirlo en un empleo, se arma de valor para tener poder y arrebatar lo que le niega el orden social al que ya no está dispuesto a obedecer.
Corrupción, falta de oportunidades de educación y empleo, y desigualdad extrema no pueden ser ingredientes de una convivencia social armónica, sino de tensión, desconfianza, frustración, enojo y creciente violencia.
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