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lunes, 11 de mayo de 2015

¿País “no libre” en derecho de expresión?

El primer desplazado entre los derechos cuando cae el “umbral” democrático es la libertad de expresión. En la última década, las condiciones para su ejercicio se deterioraron en el mundo, mientras avanzaron regulaciones en seguridad, de acuerdo con el informe publicado esta semana por Freedom House. Por lo que toca a México, en 2014 se alcanzó la peor calificación

José Buendía Hegewisch


El informe ubica al país como “no libre” por las presiones a medios y periodistas, no obstante, la mayor exigencia como en toda democracia “bien informada” es recibir todas las noticias, aunque se conviertan en la peor crisis de derechos humanos.
En el país la libertad de expresión nunca se había debatido tanto en la agenda pública. El reclamo del derecho a saber acerca de crímenes de lesa humanidad como Ayotzinapa, o de miles de desapariciones forzadas, es muestra del rechazo a la información filtrada. Lo mismo indica la demanda de investigar la corrupción y la crisis de confianza por cubrirla con silencio. El debate refleja una lucha por evitar retrocesos por debajo de los estándares mínimos del funcionamiento democrático. Y también la existencia de fuerzas interesadas en comprimir la información a través de presiones y control. Ahí está la negativa de abrir al Congreso la información de Tlatlaya, como denunciaron diputados que investigaron el caso de presunta ejecución extrajudicial. No es un debate nuevo porque acompañó la lucha contra el autoritarismo, pero ocurre en un contexto distinto al tiempo en el que un gobierno fuerte controlaba el papel y podía intervenir en un medio comoExcélsior en 1976. Hoy, medios y periodistas hablan con libertad incomparable a la época del oficialismo, pero sufren nuevas presiones desde el crimen organizado y controles más sutiles desde las políticas de seguridad. También, la discusión tiene una agenda amplia por la intervención de más actores, cuando el poder monocolor penetraba los medios con censura o esperaba su silencio a cambio de prebendas. Tras la alternancia, la discusión se hizo más compleja por el mayor poder de los medios y la disputa del control de la agenda pública. AMLO esgrimió la libertad de expresión para denunciar fraude en 2006, aunque se opuso a la ley de Transparencia en el DF. Los empresarios se ampararon contra la Reforma Electoral de 2008, en defensa de su voz para influir en las campañas en radio y TV. Esa reforma fue celebrada por la regulación de “mensajes negros” por muchos que hoy denuncian censura en la propaganda política. La libertad de expresión se confunde con el derecho patrimonial de medios y éstos confunden su derecho patrimonial con ella. Avanzan leyes de acceso a la información, pero sólo hay 108 denuncias por incumplimiento de resoluciones con sanción desde 2004. Los partidos lanzan “campañas negras”, pero piden sanciones cuando reciben críticas. La sociedad rechaza la censura a periodistas, pero no se conmueve cuando hay casi un centenar asesinados. Se exige Estado de derecho, pero se aceptan medidas de vigilancia encubiertas en la guerra contra el narco como en la Ley de Telecomunicaciones. El contexto del pluralismo después del 2000 es otro, aunque se agita el miedo al regreso autoritario cuando la élite mediática ve amenaza de censura. Pero otra confirmación de la diferencia de épocas es la admisión del amparo de Aristegui contra su despido en MVS por el derecho de las audiencias, lo que no habría pasado en el antiguo régimen. En la actualidad las amenazas para la libertad de expresión no son menores que antes. El informe de Freedom llama la atención del peligro que abre el fracaso de las democracias para enfrentar el terrorismo y en México de responder a la violencia criminal. Y peor aún recurrir a los mismos métodos y prácticas de ellos. Por ejemplo, la propaganda oficial para sembrar alarma social que justifique controles y censura en la lucha contra el crimen; filtrar noticias, sopesar su circulación o difundir historias que sean creíbles, o decidir qué información le hace bien a la opinión pública.
Las políticas de seguridad asumen controles más sutiles y mueven los “umbrales” democráticos, en contradicción con sociedades que reclaman estar “bien informadas”. A esta amenaza se suma la presión de los grupos criminales contra medios y periodistas, que activa los resortes de la autocensura.
Y frente a estos retos la única fórmula vigente es la investigación. Aunque ahí el cambio respecto al pasado es menos perceptible, porque la investigación, más allá de la filtración del poder o la versión oficial, sigue siendo un bien escaso.

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