Llevamos cinco meses enfrascados en una batalla, hasta el momento poco eficaz y desigual, entre realidad y palabras. Por un lado, realidades duras: la indefensión total de los ciudadanos en muchos estados —vivida trágicamente por los normalistas de Ayotzinapa— ante las poderosas bandas del crimen organizado aliadas, en muchas ocasiones, con las policías, y toleradas y protegidas por autoridades locales, como en Iguala, Tamaulipas, Michoacán y muchos otros municipios y estados.
Por el otro, las críticas a la carencia de una estrategia en materia de seguridad (desaparecer de manera automática todas las policías municipales no resolverá el problema y en algunos lados, como en Ciudad Nezahualcóyotl, lo agravará), a la escasa prioridad política y presupuestal que le siguen dando. La respuesta a las críticas es un discurso oficial cargado de un optimismo fuera de la realidad (el nivel de inseguridad es el más bajo en los últimos diez años, aseguró hace unos días el secretario de Gobernación). La tozudez de la realidad y la terquedad del gobierno.
En materia de corrupción, la realidad ha sido apabullante en apenas 150 días: a las sucesivas revelaciones de conflictos de interés (las casas de Angélica Rivera, Luis Videgaray, Enrique Peña) y escándalos de corrupción y/o enriquecimientos inexplicables (los moches de los legisladores y alcaldes; los departamentos en Nueva York de la familia Murat; el asalto a las finanzas públicas en Guerrero), se sumó el reporte de la Auditoría Superior de la Federación sobre la cuenta pública de 2013.
Esta no es otra cosa que un rosario interminable de abusos, corruptelas, ineficacias y demasiada opacidad en el uso de los recursos públicos, tanto en los tres órdenes de gobierno como en los tres Poderes de la Unión. Que las funciones y el presupuesto públicos son considerados un botín o un instrumento para fines privados parece ser la norma. Devastador. Nuestra realidad.
Las palabras han sido cada vez más críticas y duras ante ella: no entienden que no entienden, les dijo The Economist; cínicos, los llamó Jesús Silva Márquez y así por el estilo. No recuerdo yo, en los últimos 30 años, tal avalancha de análisis y opiniones tan severa sobre la corrupción y la tozudez de la clase política para hacer algo al respecto.
Aunque en principio poco ha cambiado, en este ámbito las palabras han comenzado a agrietar la dura roca del mutismo inicial del gobierno y la clase política. No ha sido fácil, pero por lo menos ya reconocieron que el problema existe (encargar la investigación sobre los conflictos de interés) y han ido un poco más allá al aceptar que ha provocado una crisis de confianza (Luis Videgaray dixit).
Sin embargo, un par de batallas decisivas (que no la guerra) se están jugando en el Congreso: la aprobación del sistema anticorrupción y la ley reglamentaria en materia de transparencia y acceso a la información. La realidad se resiste, pues esos cambios legales pueden ser, bien aplicados, la base (solo la base) para comenzar a desmontar el núcleo duro de la privatización de la cosa pública: la impunidad y la opacidad. La ausencia de rendición de cuentas.
La incógnita es si las palabras, vía la indignación, una mayor conciencia y una presión social eficaz, terminarán por imponerse a quienes se aferran a una realidad que, desde las palabras (¿mera ilusión o un poder misterioso?) parece comenzar a resquebrajarse. Debe seguir la seguridad.
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