Más de 50 por ciento de los municipios en el país se encuentran sin regulaciones estrictas e internas, lo que facilita el desvío de fondos y el uso de los recursos públicos en actividades que no son para el uso de la ciudadanía.
Según lo reportado por la Auditoría Superior de la Federación en el Indice de Desarrollo Institucional Municipal, la mayoría de estos gobiernos locales no rinden cuentas de inicio, esto, aunado a las laxas políticas en materia fiscal y el contubernio con las gubernaturas estatales provoca un grado alto de rezago en el desarrollo.
El informe del Índice del Desarrollo Institucional Municipal señala que se identificó que la mayor proporción de los que tienen un grado muy alto de rezago tuvo un control interno deficiente de sus finanzas.
El informe dice que se requiere un buen control interno de la administración pública municipal y por ello se buscan estos mecanismos, pues actualmente "los sistemas de manejo presentan debilidades importantes que inciden en la inadecuada operación y ejercicio de los recursos, así como en la gestión municipal en su conjunto".
De acuerdo con la Auditoría, solo 48 por ciento de los municipios tienen un órgano de control interno, es decir, que son capaces de realizar auditorías en su gestión y controlar o revisar el ejercicio del gasto.
Esto significa que más de 50 por ciento de los municipios no revisan hacia dónde se dirigen los fondos con los que cuentan.
Solo cuatro de cada diez municipios tienen un grupo interno que se encarga de dar seguimiento al gasto y a las políticas públicas para que éstas se apliquen correctamente adonde fueron destinadas.
El resto no cuentan con auditores que revisen la cuenta pública, o bien, tampoco cuentan con políticas para castigar o seguir los desvíos o malversaciones de los recursos.
Sin embargo, el que los municipios cuenten con un organismo que los revise no es garantía de que se efectúe bien la revisión, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Institucional Municipal, 28.2 por ciento de éstas fue deficiente. Del resto, la mayoría no fueron satisfactorias, ya que 62 por ciento fueron calificadas de "regulares", lo que, a decir del informe, "evidencia que muy pocos municipios disponen de mecanismos efectivos para una gestión eficiente de los recursos públicos".
Según el reporte de resultados, el monto observado por las auditorías a los municipios llegó a cinco mil 534 millones de pesos.
Del total, 46 por ciento son por erogaciones en obras y acciones "no contempladas en la normativa", con un total de dos mil 563 millones de pesos.
De este total se derivan acciones que no benefician a la población en rezago social y pobreza extrema, con un total de mil 398 millones de pesos, obras y acciones fuera de los rubros establecidos por la Ley de Coordinación Fiscal por mil 116 millones de pesos, así como mil 27 millones de pesos en traspasos a recursos a otras cuentas bancarias distintas a las del fondo o programa.
Caso Abarca
-El ex alcalde de Iguala José Luis Abarca malversó 66 millones de pesos de recursos transferidos a su ciudad en 2013 para programas de manejo de imagen o remodelaciones de las o¬ficinas del cabildo.
-Como parte de la Cuenta Pública 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió que sin autorización ni documentación alguna, Abarca fi¬nanció con 66 mil pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), programas de "estímulos a promotores y prestadores de servicio social de la colonia Loma del Zapatero".
-No es cualquier colonia: se hizo famosa a ¬finales de este año porque ahí hay un cerro convertido en cementerio clandestino, utilizado por el grupo Guerreros unidos con la venia del alcalde para tirar cuerpos de forma continua.
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