Estado de México.- Alejandro Gómez Sánchez, Procurador General de Justicia del Estado de México, aseguró que la investigación para delimitar responsabilidades del personal a su cargo sobre los hechos de Tlatlaya, se llevará a cabo de la mano de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que los resultados sean transparentes y sin dudas para las partes involucradas.
Además, precisó que los montos de indemnización para resarcir del daño a los familiares de las víctimas de Tlatlaya, se harán tomando como base para la cuantificación los estándares internacionales e instrumentos legales de los que México es parte, así como de la Ley General de Víctimas y la Ley de Protección a Víctimas del Delito para el Estado de México.
Aclaró que los mismos ordenamientos legales ya permiten cuantificar la indemnización correspondiente, incluso antes de que se emita una resolución judicial y estableció que eso es lo que se hará en cumplimiento a las instrucciones del gobernador Ávila Villegas.
A pregunta expresa, dijo que una vez aceptada la recomendación se dará puntual atención a los puntos señalados por la CNDH y precisó que la investigación será por los hechos que indica el documento referido "y tienen que ver con el maltrato o la intimidación supuestamente a estas mujeres".
Gómez Sánchez pidió esperar al resultado de las investigaciones y aclaró que éstas "por supuesto, irán de la mano con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, puesto que el punto recomendatorio consiste precisamente en acompañar a la Comisión y dar seguimiento con ella en la investigación de los hechos".
Puntualizó que la investigación de la PGJEM se inició antes de que se recibiera la recomendación de la CNDH y durante el proceso de investigación la CNDH solicitó información a la Procuraduría mexiquense como a la Procuraduría General de Justicia Militar, en donde se informó de las imputaciones en contra del personal de ambas dependencias, con lo que la PGJEM inició de oficio la investigación correspondiente.
El procurador Gómez Sánchez reconoció que las primeras indagatorias en el caso de los 22 presuntos delincuentes abatidos en Tlatlaya, fueron realizadas por personal de la PGJEM de la región y rechazó plantear un tiempo para la conclusión de las indagatorias ni adelantar detalles como el número de elementos que pudieran resultar involucrados, por lo que optó por esperar a que se deslinden responsabilidades en cada uno de los hechos e imputaciones incluidas en la recomendación de la CNDH.
Respecto a los cuerpos localizados en fosas clandestinas de Guerrero, señaló el procurador Gómez Sánchez, tenemos conocimiento de que cuatro de ellos eran de ciudadanos mexiquenses y familiares entre ellos, residentes del municipio de Chalco, quienes viajaron a esa entidad a atender el funeral de un familiar, en donde desaparecieron y fue la esposa de uno de ellos quien presentó la denuncia correspondiente en el estado de Guerrero.
Precisó que, en consecuencia, la PGJEM no ha tenido ninguna intervención al respecto, desde el punto de vista ministerial, pero indicó que ha girado instrucciones para que el Instituto de Atención a Víctimas del Delito se acerque a la familia para brindar los servicios que corresponda, esto con independencia de las que eventualmente se requieran por la PGR y la PGJ de Guerrero; además, refirió que fue esa entidad quien realizó el comparativo genético e identificó a las víctimas.
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