La bandera debería estar a media asta. El Presidente debería decretar un luto nacional. Compartir un duelo, convertirlo en cambio.
Mártires de Iguala debería nombrarse la plaza y el emblema. El 11 de septiembre de 1973, cuando el Golpe de Estado en Chile, por órdenes del entonces presidente de la República, Luis Echeverría, todas las escuelas públicas guardaron un minuto de silencio e hicieron un homenaje al gran demócrata que fue Salvador Allende.
El país entero debería rendir un homenaje a los estudiantes de Ayotzinapa, por ellos, y por la memoria, por la enseñanza y el encuentro, la solidaridad, y el duelo colectivo. No más. ¡Ya basta!, deberían decir en todas las escuelas y en todos los centros de trabajo, en un solo momento, una voz. Se hizo por Chile alguna vez. Deberíamos hacerlo por México. Por lo menos la memoria para atajar la impunidad.
Reitero: el Presidente debe rehacer su gabinete. Incorporar voces con autoridad académica, intelectual, política y civil. La mayoría de los actuales funcionarios no han dado muestras de entender la hondura de la crisis ni al país reclamante al que tienen que responder.
Sobran nombres y figuras ajenas a partidos, que -ésas sí- no se cansan, no se han cansado en sus afanes. Un nuevo pensamiento crítico y actuante es el que debe reconstruir, rehacer, redefinir.
"Si la balanza se inclina contra la legalidad, se ahondará la trampa de seguridad", afirma John Bailey en su reciente libro Crimen e impunidad.
Al país le afectan distintos malestares simultáneos; algunos de raigambre, otros coyunturales, pero de manera sistémica hay una afectación que ha impedido un avance contundente en materia de políticas de seguridad.
Bailey apunta, por ejemplo, a la ausencia de un pacto social básico; eso, considera, debilita la conducta ciudadana de acatar la ley. Algo diferente a las componendas clásicas de las élites.
Esa ausencia junto con la desconexión del sistema electoral de partidos de la realidad ciudadana ha trastocado convivencias y entregado la legitimidad a la delincuencia.
Las preocupaciones de los votantes están completamente alejadas de los intereses de las maquinarias políticas. Y aquí es donde confluyen los factores de disrupción con las propias políticas que los intentan combatir. Es donde la legalidad pierde.
Los ciudadanos observan y se enteran de los escándalos de los políticos en materia de corrupción. Los ciudadanos miran que sus votados se apropian de recursos, se enriquecen y abusan del poder sin que haya un mínimo control de sus conductas o castigos severos.
Al fortalecer al municipio y empoderar a los gobernadores, se fue gestando una expectativa superior para los políticos: es una pérdida de tiempo (y de dinero) ser diputado si en el poder local es donde está el recurso, la impunidad y el seguro de vida. Seis de cada diez pesos de los recursos federales etiquetados para seguridad se ejercen en gobiernos locales.
La competencia político-electoral con dinero acercó al narco a cambio de la protección. El dinero público de la seguridad fue malversado y el dinero sucio terminó de pulverizar a las instituciones.
Abarca es el acabado ejemplo de esa perversión. El país tiene, desde hace años, miles de desaparecidos producto de tantos y tantos Abarcas que incubaron impune e irresponsablemente los partidos políticos
No más. Debe decirse todos los días, desde el poder dañado y tambaleante hasta el ciudadano azorado, indignado y entristecido. Correrá la indignación vestida de fuego, de pedradas, de balas, de abstención electoral, de huidas, de rechazos. La ira crece. Ya no puede correr más sangre.
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