Directorio
jueves, 18 de abril de 2024
¿Rozón…y?
miércoles, 17 de abril de 2024
Este miércoles los diputados discutirán la propuesta para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar.
El pleno de la Cámara de Diputados discutirá este miércoles 17 de abril la iniciativa para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
El lunes fue aprobada por la Comisión de Seguridad Social
con 19 votos a favor solo de la mayoría de Morena y sus aliados del PT y del
PVEM, y 10 en contra de la oposición en conjunto.
Sigue el minuto a minuto la discusión del Fondo de Pensiones
del Bienestar
12:30 horas: Se decreta un receso en la Cámara de
Diputados durante la discusión de la creación del Fondo de Pensiones del
Bienestar; legisladores acusan que el dictamen presentado hoy es diferente al
que se aprobó el lunes
12:25 horas: Ignacio Mier, diputado de Morena, solicita
un receso para aclarar las diferencias que hay en el dictamen.
12:24 horas: Margarita Zavala, diputada del PAN, pide a
la presidenta de la Cámara de Diputados revisar a fondo el dictamen presentado
hoy, ya que acusan que hay al menos 10 modificaciones.
12:15 horas: “Estamos ante un golpe de confianza del
sistema de ahorros”, dice la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), María
Fernanda Félix
Aclaró que MC considera que es necesaria una reforma al
sistema de pensiones, pero que esté bien planteada.
12:11 horas: Carmen Rocío González, diputada del
Partido Acción Nacional (PAN), asegura que el dictamen no da garantía a que los
beneficiarios puedan reclamar sus cuentas de Afore. “Este dictamen es robarle a
los mexicanos sus ahorros de pensiones”.
12:08 horas: La diputada Yolanda de la Torre Valdez del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) pide hacer un llamado a todos los
grupos parlamentarios para regresar el dictamen y “hacer las cosas bien”.
12:00 horas: “Desde el grupo parlamentario del PRD
protegeremos los ahorros y derechos de los mexicanos”, dice el diputado José
Juan Barrientos.
11:51 horas: Inicia la presentación sobre la creación
del Fondo de Pensiones del Bienestar, expuesto por la diputada
Angélica Ivonne Cisneros.
La legisladora explicó que se concibe como un fondo
solidario y complementario, por lo que se propone se constituya como un
fideicomiso público.
Las fuentes de ingreso que el proyecto considera para
su creación son el aprovechamiento del 75 por ciento de los recursos netos
del Instituto para devolverle al Pueblo lo robado (Indep); créditos fiscales
que correspondan a la federación en materia fiscal, federal entre la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las entidades federativas; ingresos del
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
(ISSSTE) durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, ingresos por enajenación
de los inmuebles propiedad del ISSSTE en 2024 y 2024, así como recursos de las
subcuentas inactivas de los trabajadores (Afores).
Se garantiza la imprescriptibilidad del derecho de
trabajadores y beneficiarios a reclamar los fondos en cualquier momento
Fortalece el derecho a la información de los
trabajadores, estableciendo las medidas respecto a la información del
nivel de ahorro que deberá verse reflejado en los estados de cuenta que emitan
las Afores
El proyecto busca avanzar en la justicia social en
establecer medidas para que todos los mexicanos gocen de pensiones justas y
dignas al momento del retiro
¿Qué sabemos del Fondo de Pensiones para el Bienestar?
De acuerdo con lo establecido con el dictamen, dicho
Fondo se integrará con los recursos de las Afores de ahorradores con más
de 70 años de edad y que no han sido reclamados, en el caso de
trabajadores del sector privado y del IMSS; y de los que han cumplido 75 años
en el caso de los trabajadores del Estado y del ISSSTE.
En caso de aprobarse, implicaría cambios en cinco leyes
secundarias, la Ley del IMSS, la Ley del ISSSTE, la Ley del Infonavit, la del
Sistema de Ahorro para el Retiro y la Ley del Presupuesto.
El diputado Ignacio Mier, uno de los autores de la
iniciativa y coordinador de los diputados de Morena, explicó que “el Fondo lo que pretende ser es un fondo solidario de
compensación que no afecta ningún derecho ni le roba a nadie.
Y no nos confundamos, compañeros, no confundamos la práctica
política del debate en un proceso electoral con la necesidad de justicia social
de garantizarles a los trabajadores de México una pensión digna”.
En Edoméx aprueban registros de aspirantes a diputados locales y ayuntamientos del PAN
Se dieron a conocer los cargos que serán designados tanto para los candidatos en la Coalición, así como para candidaturas comunes y de manera individual
Los registros de los aspirantes a diputaciones locales,
presidencias municipales, sindicaturas y regidurías por parte del Partido Acción
Nacional fueron aprobados por unanimidad durante la Sexta Sesión Extraordinaria
de la Comisión Estatal Permanente del Partido Acción Nacional en el Estado de
México.
Durante dicha reunión se dieron a conocer los cargos que
serán designados tanto para los candidatos de Acción Nacional en la Coalición,
como para candidaturas comunes y el partido de manera individual.
Anuar Azar, presidente del PAN en el Estado de México
reconoció la labor de todo el panismo mexiquense por lo que agradeció su
colaboración en la construcción de los acuerdos, exhortó a los comisionados a
cerrar filas y continuar trabajando con fuerza y corazón por México para
construir un mejor país y Estado.
Durante los próximos días los registros serán turnados a la
Comisión Nacional Permanente para su aprobación y se notificará al Consejo
Estatal del PAN en el Estado de México para que sean enviados al Instituto
Electoral del Estado de México.
Precios de materiales de construcción se elevan 20% por intervención del crimen: Coparmex
En el último año, una de cada 2 empresas ha sido víctima de la delincuencia, afirma el presidente de la cúpula patronal.
El presidente de la Confederación Patronal de la República
Mexicana (Coparmex), José Medina Mora Icaza, aseguró que la incursión del
crimen organizado a la comercialización, distribución y venta de mercancías
eleva un 20% los precios de los materiales de la construcción, e incide en los
precios del limón, aguacate, cigarros y cervezas en diferentes regiones de la
República Mexicana.
“En algunas regiones del país donde hay intermediación (de
bandas del crimen organizado) el material de construcción sube un 20% y se deja
de construir en esas regiones, en otros casos son el aguacate, el limón, el
pollo, cigarros y cerveza son productos en donde estas organizaciones
intermedias y hacen su negocio, por lo que muchas micro y pequeñas empresas
tienen que cerrar por los bajos márgenes para operar”, declaró el empresario.
Los micro y pequeños negocios ya no tienen los márgenes
suficientes para operar porque crimen organizado participa como vendedor,
comercializador y vendedor de mercancías, afirmó en el marco de Acciones por la
Paz, Foro para una estrategia de seguridad en México 2024.
El líder del sindicato patronal recordó que el crimen
organizado también exige a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes)
cuotas, extorsiones y derecho de piso.
“Se realizan 224 carpetas de investigación de robo a
negocios cada día, la mitad de ellas es robo con violencia, además sabemos que
hay un 78% de cifra negra”, señaló.
Muchos de los comercios no denuncian por perder tiempo, por
miedo, por la impunidad, por lo que debemos avanzar en las denuncias de robo a
negocios, comentó.
Añadió que en los últimos 12 meses, una de cada 2 empresas
ha sido víctima de la delincuencia, con un avance de la extorsión del 24 al
30%, aspecto que lesiona gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes)
que no tienen la capacidad de contratar un seguro para cubrirse del ilícito del
robo de mercancías.
Un grupo de empresarios, obispos, clero, periodistas,
especialistas en seguridad pública, mujeres activistas que luchan contra la
violencia y brechas de género conversaron sobre una estrategia para llevar la
paz y seguridad a diferentes regiones de México.
Los diferentes sectores coincidieron en que se debe tener
una estrategia diferente para avanzar contra la delincuencia en sus diferentes
modalidades, y así evitar que la sociedad se vuelva indiferente al dolor que
provoca el crimen organizado a las familias y sus integrantes en el México de la
post pandemia.
Apuntaron que el gobierno y la sociedad deben resolver la
polarización para trabajar en una estrategia coincidente y conjunta para abatir
el impacto de la delincuencia organizada en los negocios y en la vida cotidiana
de los ciudadanos.
ISSEMyM aseguró que es falso que se suspende pago de pensiones a jubilados
El instituto aclaró una información divulgada en sitios web, basada en un texto no oficial, con datos no verificados.
El Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios (ISSEMyM) aseguró que es que es falso que se suspenderán el pago de
pensiones.
De acuerdo con comunicado, el instituto precisa que dicho
rumor fue divulgado por un par de portales de noticias en la web y está
basado en un texto no oficial, con datos no verificados.
Agregó que dicha "noticia falsa" puede causar
"una afectación a más de 78 mil pensionados y pensionistas que
este organismo atiende, quienes han recibido puntualmente el pago de su
pensión, y lo seguirán recibiendo".
El ISSEMYM puntualiza que la dispersión de esta prestación
se realiza a través de las instituciones bancarias elegidas por los
usuarios.
Los pensionados y pensionistas pueden consultar el
calendario de pagos del año en curso, en el sitio oficial www.issemym.gob.mx; además, a través de este portal se
pueden descargar los comprobantes electrónicos de pago quincenales, y con ello
garantizar su registro de supervivencia.
Hay presupuesto para el pago de pensiones
Los legisladores mexiquenses aprobaron para este año 43 mil
328 millones de pesos al ISSEMyM para 2024, con una asignación de 26 mil 712.2
millones de pesos para el pago de pensiones.
Pero en lista de espera o bien en condiciones con derecho a
jubilación, suman cerca de 70 mil derechohabientes y año con año aumenta la
cifra.
El Gobierno de López Obrador aumenta la presión sobre la Suprema Corte por la prisión preventiva oficiosa
La secretaria Luisa María Alcalde habla de una
“amenaza a la seguridad nacional” frente al máximo tribunal de México, que ya
enfila tres proyectos para cumplir con el mandato de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos
La prisión preventiva oficiosa se ha
convertido en la nueva arma del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para
atacar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). A un año de que la
Corte Interamericana de Derechos Humanos sancionara al Estado mexicano y le
ordenara quitar esta figura de su Constitución para adecuarse a la legislación
internacional, el Ejecutivo ha redoblado la presión sobre los tribunales. El
presidente ha sido férreo en la defensa de esta medida cautelar, a la que
considera imprescindible para atajar los altos niveles de inseguridad en el
país. La nueva ofensiva llega ahora, en pleno tiempo electoral, porque la
Suprema Corte tiene tres proyectos enfilados para cumplir con
la sentencia internacional.
Hace justo un año que la Corte Interamericana
(CoIDH), cuyas resoluciones son obligatorias para México, sancionó al Estado
por vulnerar los derechos de Daniel García y Reyes Alpízar, los
dos hombres que estuvieron 17 años y medio en prisión sin una sentencia.
Para evitar que su caso se repitiera, el alto tribunal internacional ordenó a
México “adecuar su ordenamiento jurídico, incluyendo sus disposiciones
constitucionales, para que sea compatible con la Convención Americana”.
La prisión preventiva oficiosa está recogida
en el artículo 19 de la Constitución y permite enviar de forma automática a
prisión a los acusados en una serie de delitos, en la primera fase del proceso
judicial, sin que lo decida un juez. Es un encarcelamiento por adelantado. En
México se aplica para un catálogo de 16 crímenes que va desde el feminicidio o
el secuestro hasta el robo dentro de una vivienda. Esta figura, que
es una anomalía en el resto de Latinoamérica, “es contraria las garantías
internacionales”, según la Corte Interamericana. Además, México cuenta ya con
la prisión preventiva justificada, que también implica que el acusado siga su
proceso judicial en la cárcel, pero porque un juez considera que existe riesgo
de fuga o de dañar a la víctima. El tribunal internacional pedía modificar la
primera y daba al Estado el plazo de un año para hacer los ajustes.
El tiempo ha pasado y el Gobierno de López
Obrador ha caminado en dirección contraria. En febrero, el
presidente incluso anunció la propuesta de ampliar el catálogo de delitos bajo
esta figura. Sin embargo, la SCJN —que también estaba obligada por la
sentencia de la CoIDH a buscar una salida— tiene preparados tres proyectos para
afrontar el mandato del tribunal internacional. Ahí comienza la disputa.
“Seguridad nacional”
La secretaria de Gobernación, Luisa María
Alcalde, ha salido este martes en la conferencia mañanera para advertir que
eliminar la prisión preventiva oficiosa es “una amenaza a la seguridad
nacional”. Según la funcionaria, quitar esta figura supondría “una afectación
irreparable a los derechos de las víctimas”, “una extrema vulnerabilidad al
personal policial, de las fiscalías, de los juzgadores y de los testigos”, y
“la saturación del sistema de justicia”. Así se lo ha alertado a la Suprema
Corte en una carta, firmada por los titulares de Defensa, Marina, Seguridad y
Exteriores.
En la misiva, el Gobierno reconoce por primera
vez cuántas personas hay bajo esta polémica medida: 68.000. Además, desglosa
que 21.000 están presas en el Estado de México, 8.400 en Jalisco, 4.500 en
Veracruz o 3.300 en Michoacán. Estas cifras suponen que un tercio de las
232.600 personas encarceladas en México, lo están sin condena y sin que ningún
juez haya valorado que tienen que estar en prisión. Aunque la Constitución
marca que solo se puede estar dos años en prisión preventiva oficiosa, la
saturación de los tribunales y los eternos procesos judiciales mantienen
atrapadas a las personas durante años en la cárcel sin sentencia.
Durante su conferencia, Alcalde ha externado
“su preocupación” por el impacto que tendría “la posible liberación de 68.000
presuntos delincuentes”. Los expertos jurídicos insisten sin embargo en que
eliminar la prisión preventiva oficiosa no implica una desbandada de las
cárceles, sino que permite a los abogados pedir que se revise la medida
cautelar del acusado. En el caso de que el juez lo decida, el imputado seguirá
en la cárcel, o si no puede aplicar otras medidas como un arraigo domiciliario,
un brazalete electrónico o la firma en el juzgado.
“La afirmación de la secretaria parte de la
idea de que los jueces van a dejar en libertad a personas que representan un
peligro, lo que es incorrecto. El aparato de justicia lo tiene bien armado para
mantener a las personas en prisión. No es una teoría, es un diagnóstico. Los
jueces suelen dictar prisión preventiva justificada, eso era la regla hasta que
en 2008 nació la prisión preventiva oficiosa”, explica el experto en derechos
humanos Luis Tapia, que afirma: “Es un intento de apelar al miedo colectivo”.
El abogado recuerda que hasta el momento no hay ninguna correlación de que los
delitos que tiene prisión preventiva oficiosa hayan disminuido: “Señalar que el
sistema de seguridad pública depende de la prisión preventiva oficiosa es una
confesión muy fuerte, estamos perdidos si ese es el caso, porque no es
efectiva, nunca ha servido”.
Los tres proyectos de la Corte
El Gobierno de López Obrador ha reflotado el
tema a raíz de los tres proyectos que la SCJN está a punto de discutir en el
pleno. Esta cercanía permite al Ejecutivo lanzar otro dardo a la institución
presidida por Norma Piña, en plena guerra entre los dos poderes: “Preocupa
también que la Suprema Corte decline su función de máximo tribunal del estado
mexicano en favor de una instancia regional donde sus jueces representan los
intereses de gobiernos extranjeros y de la Organización de los Estados
Americanos”.
En esta misma línea, Alcalde ha dicho: “Ningún
Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México
modificar su Constitución, su régimen político, ni su forma de Gobierno,
hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia. ¿Y a quién le toca defender
nuestra Constitución? Precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la
Nación”. Según se recoge en el artículo 2 de la Convención Americana de
Derechos Humanos, de la que México forma parte, el
país tiene la obligación de adecuar su legislación interna a los tratados
internacionales. También está sometido —de forma voluntaria y soberana— a
la competencia de la Corte Interamericana.
Con este embate, además, el Ejecutivo busca
presionar a los ministros y a los jueces para evitar ningún movimiento a menos
de dos meses de las elecciones del 2 de junio. En concreto, la carta del
Ejecutivo ataca directamente al proyecto del ministro Jorge Pardo, conocido
como Expediente 3/2023, pero la SCJN tiene en preparación otros dos: la acción
de inconstitucionalidad 49/2021, presentada por la ministra Margarita Ríos
Farjat, y el amparo en revisión 284/2022, del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena. Los tres proyectos, que están listados para discutirse de forma
consecutiva este jueves, tienen enfoques diferentes.
El del ministro Pardo nace directamente para
tratar de dar respuesta a la sentencia de la Corte Interamericana. Es el más
ambicioso de los tres, porque supone inaplicar el artículo 16 de la
Constitución para dejar sin vigencia a la prisión preventiva oficiosa. Necesita
solo de seis de los 11 votos del pleno para salir adelante. El amparo de
Gutiérrez Ortiz Mena es la aproximación más conservadora, puesto que elimina
esta figura, pero solo para la persona que promovió el amparo, no a nivel general.
También necesitaría seis votos para aprobarse. El proyecto de Ríos Farjat es el
más complicado de salir adelante, puesto que al ser una acción de
inconstitucionalidad —como
ya se discutió en noviembre de 2022— requiere de ocho votos. La propuesta
de la ministra va orientada a buscar el diálogo entre la Fiscalía, el
Ejecutivo, la Defensoría, sobre cómo inaplicar esta figura.
Mientras la SCJN decide cómo dar respuesta a
la sentencia de la Corte Interamericana, en los tribunales federales del país
ya se ha producido una división de criterio. El abogado Luis Tapia explica que,
por un lado, los tribunales del norte del país —que dependen del pleno regional
del circuito norte— ya están cumpliendo la resolución internacional y, por
tanto, inaplicando la prisión preventiva oficiosa. “Y en los del sur del país
se ha dicho que no, que la Constitución está por encima y no es posible
inaplicarla”, resume el experto, que apunta que en el sistema local es más
difícil medir cómo se está afrontando.
Gastelú apuesta por el deporte en la Gustavo A. Madero
Por Fabián Jiménez N.
Entre sus propuestas de campaña de
Maricela Gastelú, candidata de la alianza ‘Va por la
#CDMX’,
están en promover el deporte local y
desarrollar instalaciones deportivas para todas las disciplinas, dónde
“realizaremos una inversión histórica para rescatar espacios deportivos”.
Dónde busca elevar la participación de niñas,
niños y adultos mayores, aumentar las becas para deportistas, entre otras.
“Las becas a deportistas y atletas serán una
realidad en GAM”, así lo aseguró la candidata de #VaPorGAM Maricela Gastelú
ante la la liga varonil de fútbol del “Deportivo Hermanos Galeana”.
Ver #video en…
#AlcaldíaAl100
#DeporteAl100
#HaGÁMosloJuntos
#VaPorElDeporte
#Vota2dejunio
Maricela Gastelú recorre mercados maderenses
Por Fabián Jiménez N.
La candidata Maricela Gastelú, candidata de la
alianza ‘Va por la #CDMX’, recorrió el mercado “Casas Alemán”, dónde se
comprometió a impulsar los 52 mercados de alcaldía con obras de mejoramiento, aseguró ante
locatarios y visitantes, que los mercados públicos serán prioritarios.
Durante el largo día de campaña, la aspirante sostuvo
reuniones con vecinos de Cuautepec, e hizo el compromiso de llevar servicios
urbanos de calidad.
#Elecciones2024
#ElCambioViene
#Vota2dejunio
#CDMX
#GAM
Desaíran al secretario de Marina en el Senado; posponen reconocimiento
La sesión solemne en el Senado para entregar la Medalla de
Honor “Armada de México”, correspondiente al año 2023, al almirante José Rafael Ojeda
Durán, titular de la Secretaría de Marina, no se realizó por falta de
quórum.
La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Ana
Lilia Rivera, pidió disculpas al secretario de Marina, a sus familiares y al
personal de la dependencia que fueron convocados a la sesión solemne.
Cabe destacar que la sesión programada a las 12 horas no ha
iniciado y de acuerdo a senadores de Morena no se realizará por la inasistencia
de legisladores de oposición quienes decidieron no pasar lista para frenar la
discusión de las reformas en materia de amparo y de amnistía.
El almirante José Ramón Ojeda, aún se encuentra en el
Senado en espera de que logre el quórum, pero incluso senadores de Morena no
están presentes por estar en campaña o acompañando a otros candidatos como es
el caso de la secretaria general del partido, Citlalli Hernández.
Hasta casi las 15: 00 horas sólo 63 legisladores pasaron
asistencia, pero se requieren 65 para lograr el quórum.